Rodrigo Sandoval/PCM Noticias
Morelia, Mich., a 14 de julio del 2026.- La diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Sandra Arreola Ruiz, afirmó que una reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fortalece los planteamientos de la denominada Ley Cazzu, iniciativa impulsada desde el Congreso de Michoacán para evitar que la negativa injustificada de uno de los padres sea utilizada como una forma de control sobre el otro progenitor y sus hijos.
La legisladora explicó que la Corte analizó el caso de una madre que enfrentaba reiteradamente la negativa del padre para autorizar la expedición de pasaportes de sus dos hijas y permitirles viajar a Estados Unidos.
De acuerdo con Arreola, la Suprema Corte determinó que la oposición del padre, por sí sola y sin una justificación válida, no debía impedir la expedición de los documentos, especialmente cuando no existía un riesgo acreditado de sustracción de menores.
“La negativa del padre por sí sola no debería ser criterio para negarles el pasaporte a las niñas. Pueden salir con la mamá porque no hay un riesgo evidente de sustracción de menores”, explicó.
La diputada consideró que este criterio coincide con el fondo de la Ley Cazzu, la cual propone agilizar trámites administrativos relacionados con menores de edad cuando uno de los progenitores niegue su autorización sin una causa justificada.
Señaló que actualmente existen casos en los que la firma para tramitar un pasaporte o permitir un viaje es condicionada al retiro de una demanda de pensión alimenticia, a la eliminación de fotografías familiares o a otras exigencias ajenas al bienestar de los menores.
“Las mismas leyes han permitido que a veces se dé este tipo de violencia, utilizando a los hijos como medida de pleito, de control o de castigo hacia la madre o hacia el padre”, declaró.
Arreola Ruiz recordó que la iniciativa fue presentada en el Congreso de la Unión a finales de marzo y permanece en comisiones, por lo que anunció que recopilará la sentencia completa para incorporarla a las gestiones que realizará ante la Cámara de Diputados.
“Si ya hay una resolución de la Corte en este sentido y ya tenemos una iniciativa, estamos viendo la necesidad de legislar sobre el tema”, sostuvo.
La diputada informó que también continuará recabando firmas mediante una plataforma digital para entregarlas en septiembre a la Comisión de Puntos Constitucionales y reforzar la solicitud de que la propuesta sea analizada y dictaminada.
La llamada Ley Cazzu busca que jueces y autoridades puedan valorar las circunstancias particulares de cada caso, protegiendo a los menores de una posible sustracción, pero evitando que una negativa injustificada cierre oportunidades educativas, deportivas, familiares o de desarrollo.
