El mandatario señaló que parte de los inmuebles serán destinados a instituciones públicas y ayuntamientos.
Rodrigo Sandoval/PCM Noticias
Morelia, Mich., a 13 de marzo del 2026.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que las críticas, manifestaciones y amagos legales en torno a la desincorporación de bienes del gobierno estatal responden principalmente a un debate político y mediático.
Luego de que partidos de oposición advirtieran que podrían recurrir a instancias jurisdiccionales para frenar el proceso aprobado por el Congreso del Estado de Michoacán, el mandatario sostuvo que la discusión se ha politizado, aunque consideró natural que existan posturas distintas dentro de la democracia.
“Es un tema 100 por ciento mediático y político”, afirmó.
Ramírez Bedolla explicó que una parte importante de los predios incluidos en la desincorporación será destinada a instituciones públicas o municipios, mientras que otros casos corresponden a propiedades que desde hace décadas ya se encuentran en posesión o uso de particulares mediante comodatos o arrendamientos.
De acuerdo con el gobernador, el objetivo de la medida es ordenar jurídicamente el patrimonio estatal y evitar incluso que algunos terrenos puedan perderse por procesos legales derivados de su posesión prolongada por terceros.
“Hay algunos predios que, si no se ordenan jurídicamente, podrían perderse por prescripción positiva o negativa, que es cuando alguien que ha estado en posesión durante muchos años puede reclamar la propiedad ante un juez”, explicó.
El mandatario indicó que dentro del paquete de desincorporaciones se encuentran inmuebles que se entregarán a instituciones públicas, entre ellos predios que serán donados al Instituto Mexicano del Seguro Social para la construcción de guarderías y unidades médicas, así como espacios destinados a casas de cultura, museos y servicios municipales.
También mencionó casos en los que los inmuebles ya son utilizados por los ayuntamientos, como mercados o espacios culturales, por lo que la desincorporación permitirá formalizar su propiedad a favor de los municipios.
Ramírez Bedolla insistió en que el proceso se realizará con transparencia y mediante expedientes que sustentan cada caso, al tiempo que reiteró que no se trata de retirar propiedades a nadie ni de realizar ventas irregulares.
“No se le va a quitar a nadie su propiedad ni sus derechos. Lo que estamos haciendo es ordenar legalmente los bienes del Estado y aprovecharlos para beneficio de la ciudadanía”, sostuvo.
Finalmente, el gobernador reiteró que las críticas forman parte de la dinámica política, pero defendió que la medida busca dar certeza jurídica y aprovechar infraestructura pública que actualmente se encuentra subutilizada o en riesgo de deterioro.
