Morelia, Mich., a 14 de julio del 2026.— El Gobierno de Michoacán se sumó de manera formal a la exigencia del Gobierno de México para que se investigue a fondo el actuar del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), luego de confirmarse el fallecimiento de al menos 17 connacionales bajo su custodia o en sus operativos, de los cuales dos eran originarios de la entidad.
El titular de la Secretaría del Migrante (Semigrante), Antonio Soto Sánchez, informó que la Cancillería mexicana ya activó los mecanismos legales y jurídicos internacionales necesarios para esclarecer los decesos y exigir justicia para las familias de las víctimas.
Soto Sánchez detalló que esta racha de fallecimientos coincide con el endurecimiento de las políticas migratorias de la administración estadounidense. El balance de las víctimas fatales se desglosa de la siguiente manera:
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14 connacionales perdieron la vida al interior de diversos centros de detención del ICE.
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3 mexicanos fallecieron en el transcurso de operativos de captura en territorio norteamericano.
El funcionario estatal subrayó que el gobierno michoacano mantendrá un puntual seguimiento sobre la identidad y repatriación de los cuerpos de los dos originarios de la entidad, garantizando el apoyo total a sus deudos.
La gravedad de la situación atrajo el pronunciamiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), organismo que expresó una profunda preocupación por las condiciones y las muertes registradas en los centros de reclusión del ICE.
La ONU demandó formalmente la realización de investigaciones independientes que garanticen el debido proceso y frenen las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de las personas en situación de movilidad.
Al respecto, la Semigrante respaldó el exhorto del organismo internacional, enfatizando que cualquier muerte ocurrida bajo la custodia de una autoridad gubernamental debe ser investigada con absoluta transparencia, al tiempo que refrendó el compromiso de Michoacán de proteger y brindar acompañamiento jurídico a la comunidad migrante y a sus familias en el exterior.
