Por desconfianza en la Fiscalía.
Morelia, Mich., a 5 de mayo del 2026.- La investigación por el homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, entró en una nueva etapa de tensión política y judicial. Grecia Quiroz, actual alcaldesa sustituta de Uruapan y viuda del edil, reconoció públicamente que no ha entregado el teléfono celular del fallecido a la Fiscalía General del Estado (FGE), argumentando temor a que la evidencia sea alterada.
Tras los cuestionamientos sobre el paradero del dispositivo, Quiroz fue contundente al señalar que su decisión busca proteger la integridad de la información contenida en el equipo:
“No me voy a arriesgar a que le quiten o le pongan algo”, afirmó, refiriéndose a una posible manipulación de datos por parte del personal de la Fiscalía.
Esta postura surge como respuesta directa a los señalamientos de Juan Daniel Manzo Rodríguez, hermano de la víctima, quien previamente había denunciado que el Ayuntamiento y el círculo cercano al exalcalde no estaban facilitando los dispositivos móviles de manera inmediata a las autoridades.
Las declaraciones de la alcaldesa sustituta han validado las sospechas de Juan Daniel Manzo, quien sostiene que la investigación debe ser exhaustiva y no excluir a nadie. El hermano del exedil enfatizó los siguientes puntos:
*Investigación sin excepciones: Exigió que se revise al Ayuntamiento de Uruapan, exfuncionarios, escoltas (actualmente detenidos) y personas del entorno directo.
*Transparencia total: Reiteró que “no será tapadera de nada ni de nadie”, exigiendo que la FGE agote todas las líneas de investigación.
El reconocimiento de la posesión del celular por parte de Grecia Quiroz pone a la FGE ante un desafío jurídico y logístico. Al ser un dispositivo que no ha seguido la cadena de custodia oficial, su valor como prueba podría ser cuestionado en un juicio futuro.
Por otro lado, la negativa de entrega bajo el argumento de desconfianza institucional subraya una crisis de credibilidad en el proceso. Mientras la familia se divide en posturas sobre el manejo de las pertenencias del exalcalde, la opinión pública en Uruapan demanda claridad y transparencia en un caso que sigue sacudiendo la estabilidad política de la región.
