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  • 19 de noviembre de 2026
  • Jesús Marcha
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Morelia, Mich., a 19 de noviembre de 2026.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) presentó una denuncia y queja administrativa disciplinaria contra el Juez Tercero de Distrito en el Estado, Rafael Linares Rivera, ante el Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación.

La acción fue interpuesta por la rectora y representante legal de la institución, Yarabí Ávila González, en el marco del Juicio de Amparo Indirecto VII-1402/2026 y su cuaderno incidental.

Los fundamentos de la queja

Según la Universidad, la denuncia se sustenta en el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 209, 212 y 218 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

La institución atribuye al juzgador cuatro presuntas irregularidades:

1. Interpretación del artículo 22 constitucional

La UMSNH sostiene que el juez concedió una suspensión de oficio y de plano a favor de Sergio Carmelo Domínguez Mota, al equiparar una sanción disciplinaria universitaria con “actos de tortura psicológica”. La Universidad argumenta que con ello se eludieron los requisitos de la Ley de Amparo y se ordenó la restitución en el cargo de un directivo sancionado por la Sala Superior del Tribunal Universitario.

2. Revocación por el Tribunal Colegiado

La institución señala que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito resolvió fundado el recurso de queja de la Universidad (toca R.Q. 339/2026 y acumulados), al determinar que las sanciones disciplinarias universitarias no constituyen tortura ni penas infamantes, y revocó en su totalidad la medida.

3. Presunta inobservancia de jurisprudencia

La queja acusa al juez de no haber observado jurisprudencias de la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación —1a./J. 19/2010, 1a./J. 20/2010 y 2a./J. 204/2009—, las cuales, según la Universidad, limitan la intervención del Poder Judicial Federal en asuntos derivados del autogobierno universitario y la concesión de suspensiones que afecten el orden público.

4. Contradicciones procesales

La Universidad describe una actuación inconsistente en el expediente: el 29 de octubre el juez habría negado la suspensión provisional por afectar el orden público; el 5 de noviembre concedió la suspensión de plano por supuesta tortura para devolver el cargo a Domínguez Mota; y el 18 de noviembre asentó que “no procede conceder la suspensión con efectos restitutorios respecto de la sanción impuesta”.

Posición de la Universidad

La UMSNH afirmó que la titularidad de la Dirección Provisional de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales continúa vigente, y aseguró que los trámites escolares, las clases y la vida académica se desarrollan con normalidad.

La institución pidió que se investigue la actuación del juzgador y, en su caso, se apliquen las sanciones administrativas correspondientes.

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