El enfoque inicial está en proteger a las famosas Catrinas de barro de Capula.
Morelia, Mich., a 9 de octubre del 2025.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y el Gobierno de Michoacán unirán fuerzas para combatir la piratería de artesanías mexicanas, en especial aquellas que cuentan con la figura de Indicación Geográfica (IG) o Denominación de Origen (DO). Esta colaboración se centrará en la revisión de establecimientos, la aplicación de multas y el aseguramiento de productos de origen extranjero, particularmente de China, que imiten o infrinjan estas protecciones.
En entrevista colectiva, Santiago Nieto Castillo, director general del IMPI, detalló que se están implementando acciones jurídicas en respuesta a las preocupaciones planteadas a través de la Casa de las Artesanías (Casart) de Michoacán.
Aseguramiento y Sanciones por Infracción
El enfoque inicial está en proteger a las famosas Catrinas de barro de Capula, cuya autenticidad se ve comprometida por imitaciones extranjeras. No obstante, Nieto Castillo subrayó que esta problemática afecta a otras artesanías nacionales emblemáticas, como las Muñecas Lele de Santiago Mexquititlán y las Cajas de Olinalá, Guerrero.
“A partir de este momento vamos a trabajar con el Gobierno del Estado; si ellos presentan una infracción, nosotros podemos revisar los lugares y si no hay licencia, posibilidad de licenciamiento que el Instituto de las Artesanías de Michoacán o que el Gobierno no les haya dado, procederemos al aseguramiento de los productos que vengan de China,” afirmó el director del IMPI.
Estrategia y Consecuencias Legales
Aunque el titular del IMPI reconoció que una posible estrategia para reducir la piratería podría ser la aplicación de aranceles, descartó que sea la opción óptima para evitar fricciones en las relaciones comerciales.
En su lugar, hizo un llamado a las empresas a abstenerse de importar y exportar productos extranjeros que violen las Indicaciones Geográficas o Denominaciones de Origen. Nieto Castillo recordó que esta práctica constituye una conducta delictiva, donde el IMPI interviene en el ámbito administrativo con sanciones, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) puede proceder en el tema penal por la infracción de leyes.
