Morelia, Mich., a 12 de mayo del 2026.- Tras los hechos violentos registrados en la preparatoria de la Universidad Latina de América (UNLA), donde un padre de familia ingresó para amenazar a estudiantes, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) anunció la apertura de un expediente de oficio para investigar las omisiones y garantizar la seguridad de la comunidad estudiantil.
El organismo defensor expresó su profunda preocupación ante lo que calificó como una situación que puso en riesgo la integridad física y emocional de los alumnos. A través de la Visitaduría Morelia, la CEDH desplegó personal de las áreas de Psicología y Trabajo Social, así como de la Unidad de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes, para brindar contención a los involucrados.
En su posicionamiento, la Comisión subrayó tres acciones inmediatas:
*Se solicitarán informes detallados a la institución educativa privada, a la Secretaría de Educación y a las corporaciones de seguridad que atendieron el reporte.
*Se estableció contacto con la Fiscalía General del Estado (FGE) para dar seguimiento a las posibles responsabilidades penales derivadas del uso de un arma dentro del plantel.
*La CEDH enfatizó que cualquier señalamiento de bullying debe atenderse de forma institucional y oportuna, advirtiendo que ninguna circunstancia justifica acciones que vulneren la paz en las aulas.
La CEDH Michoacán hizo un llamado enérgico tanto a planteles públicos como privados para fortalecer los mecanismos de prevención y atención temprana del acoso escolar. Reiteró que los espacios educativos deben ser zonas seguras y libres de violencia, privilegiando siempre el interés superior de la niñez y adolescencia sobre cualquier conflicto particular.
“Es indispensable que el acoso sea atendido con mecanismos institucionales de prevención y acompañamiento, evitando que los conflictos escalen a situaciones de riesgo”, señaló el organismo en su comunicado.
Con esta intervención, las autoridades educativas y la propia universidad privada quedan bajo observación oficial para determinar si los protocolos internos de seguridad y de atención al acoso escolar fueron aplicados correctamente antes y durante el incidente.
