Uruapan, Mich., a 29 de abril del 2026.- A través de una denuncia pública, Juan Manzo, hermano del ex alcalde de Uruapan, Carlos Manzo señaló presuntas irregularidades en el proceso judicial que se sigue tras el homicidio del fundador del “movimiento del sombrero”, acusando directamente al Ayuntamiento de Uruapan de financiar la defensa legal de los escoltas señalados por facilitar el crimen.
Señalamientos contra el Ayuntamiento
Juan Manzo calificó como “lamentable y sospechoso” que la administración municipal esté, presuntamente, pagando los servicios jurídicos de los agentes de seguridad que se encuentran bajo proceso. Según la denuncia, esta acción representa una contradicción institucional y un obstáculo para el esclarecimiento de los hechos.
“Es triste enterarme que sea el Ayuntamiento de Uruapan quien esté pagando la defensa de los escoltas acusados de facilitar el homicidio”, expresaron, subrayando la falta de transparencia en el manejo de los recursos y la postura del municipio ante el caso.
Exigencia a la Fiscalía y búsqueda de implicados
Además de los señalamientos contra la autoridad municipal, se hizo un llamado enérgico a la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) para que no ceda ante presiones externas y agote los procedimientos legales hasta sus últimas consecuencias.
Los puntos centrales de la exigencia son:
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Captura inmediata: La localización y detención de José Manuel “N”, quien fungía como jefe de escoltas de la víctima.
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Esclarecimiento de fuga: Se denunció que, hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial respecto a la fuga de dicho mando policial, a quien señalan como pieza clave en la ejecución del crimen.
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Fin de simulaciones: La familia demandó detener lo que consideran un proceso de “simulación” y exigió resultados concretos en las investigaciones.
El caso de Carlos Manzo ha generado una fuerte atención en la región de la Meseta y el Bajío michoacano, debido a la naturaleza del ataque y el perfil de los involucrados, quienes formaban parte del cuerpo de seguridad del ahora occiso. Con esta nueva denuncia, la presión social sobre el Gobierno Municipal y la Fiscalía Estatal aumenta, en un contexto donde la seguridad y la procuración de justicia siguen siendo las principales demandas de la ciudadanía.
