Morelia, Mich., a 15 de julio del 2026– A pesar del complejo panorama de seguridad que enfrentan los gobiernos locales en la entidad, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán solo tiene documentada y denunciada formalmente una carpeta de investigación por el delito de extorsión en contra de un presidente municipal.
Así lo dio a conocer el vicefiscal de la entidad, Israel Vega Rodríguez, quien precisó que, hasta el momento, este es el único caso donde un edil ha recurrido a las vías legales para notificar presiones o amenazas por parte de la delincuencia organizada.
El anuncio de la FGE contrasta con las versiones y reportes extraoficiales que constantemente apuntan a que diversos alcaldes de la entidad operan bajo presiones constantes de grupos delictivos para la asignación de obra pública o el control de las direcciones de seguridad municipal.
Al respecto, Vega Rodríguez enfatizó la importancia de que las autoridades locales confíen en las instituciones de procuración de justicia para poder proceder legalmente.
“La Fiscalía solo tiene documentado y denunciado un caso de extorsión contra uno de los alcaldes de la entidad”, puntualizó el funcionario estatal, sin revelar el nombre del munícipe ni la demarcación afectada para no entorpecer el debido proceso y proteger su integridad.
Fuentes allegadas al sector de seguridad señalan que la falta de denuncias oficiales por parte de los presidentes municipales suele responder a tres factores principales:
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Temor a represalias: El miedo a ataques armados directos contra ellos, sus familias o colaboradores cercanos.
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Desconfianza institucional: La percepción de infiltración delictiva en las corporaciones locales de seguridad.
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Arreglos bajo presión: La necesidad de buscar gobernabilidad en zonas con alta presencia de células criminales sin involucrar al estado o la federación.
La Fiscalía General del Estado reiteró el llamado a los presidentes municipales de todas las fuerzas políticas a denunciar de inmediato cualquier intento de chantaje, intimidación o extorsión, garantizándoles esquemas de protección y secrecía en el manejo de las investigaciones.
