Piden frenar la impunidad en México.
Morelia, Mich., a 8 de abril del 2026.- Organizaciones sociales y colectivos de búsqueda hicieron un enérgico llamado al Estado mexicano para reconocer la crisis humanitaria de desaparición de personas que atraviesa el país, exigiendo que los casos de desaparición forzada sean llevados con carácter de urgencia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) y el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en México (Cofaddem) señalaron que la falta de voluntad política ha perpetuado la impunidad en estos crímenes de lesa humanidad. Por ello, solicitaron la intervención de organismos internacionales para apoyar en la prevención, investigación y erradicación de estas prácticas.
Un reclamo de justicia histórica
Durante un encuentro con medios de comunicación, integrantes de la familia Guzmán Cruz expusieron el doloroso caso de cinco de sus familiares desaparecidos, sumándose al reclamo de las familias de más de 130 mil personas que continúan sin ser localizadas en territorio nacional.
“Es necesario que el gobierno reconozca esta problemática como una realidad urgente y deje de desestimar los informes internacionales”, puntualizaron los representantes.
Indiferencia e impacto en pueblos originarios
Los colectivos denunciaron una marcada “indiferencia institucional” y cuestionaron el rechazo a informes críticos presentados ante la Asamblea de la ONU. Entre los puntos más destacados de su denuncia se encuentran:
Cifra crítica: Más de 130 mil personas desaparecidas a lo largo de los años sin respuesta efectiva de las autoridades.
Vulnerabilidad indígena: El CSIM reporta al menos 20 casos de desaparición en pueblos originarios desde la década de 1970.
Perfil de las víctimas: Los casos están vinculados principalmente a defensores de la tierra, activistas ambientales y protectores de derechos humanos.
Las organizaciones insistieron en que garantizar la verdad y la justicia no es una opción, sino una obligación del Estado para con las víctimas y sus familias, quienes enfrentan un panorama de incertidumbre y falta de garantías básicas de seguridad.
