Morelia, Mich., a 20 de octubre del 2026.- El Congreso de Michoacán enfrenta alrededor de 130 juicios laborales, algunos con más de diez años de antigüedad, que han generado obligaciones millonarias por salarios caídos y falta de acuerdos oportunos con extrabajadores, reconoció el presidente de la Mesa Directiva, Baltazar Gaona García.
Al presentar la propuesta de presupuesto para 2027, el diputado admitió que el propio Congreso ha contribuido a que estos asuntos se vuelvan cada vez más costosos, principalmente por la contratación de personal vinculado a legisladores que dejan su cargo sin resolver su situación laboral.
“Tengo que reconocer que el Congreso se ha equivocado en la manera de atender los asuntos laborales y ha generado un costo muy alto para este Congreso”.
Explicó que, cuando asumió la presidencia, había aproximadamente 120 demandas. Aunque se han resuelto cerca de 20, continúan presentándose nuevos casos y actualmente la cifra ronda los 130 expedientes.
Los acuerdos alcanzados han ido desde 50 mil pesos hasta 2.4 millones de pesos, dependiendo de cada caso y del tiempo transcurrido.
“Ha habido un descuido enorme en cuestión de los juicios laborales por parte del Congreso. Creo que la rotación de los presidentes al frente de la Mesa no ha permitido llevar continuidad en este tipo de asuntos, porque llega un presidente con una visión y al momento de cambiarlo se rompe el seguimiento”.
Gaona sostuvo que prácticamente todos estos conflictos se relacionan con trabajadores contratados durante legislaturas anteriores, principalmente como personal de apoyo de los diputados.
“Hay diputados que no tienen ese cuidado y que dejan personal a propósito, incluso que le fomentan el que pueda demandar al Congreso. Entonces, mientras unos diputados son responsables y se retiran junto con su personal pagándoles todo lo que les toca, hay otros que se retiraron y dejaron personal en el Congreso”.
Para 2027, la propuesta contempla 1,623 millones de pesos en conjunto para el Congreso y la Auditoría Superior de Michoacán, de los cuales 1,304 millones corresponderían al Poder Legislativo y 319 millones al órgano fiscalizador.
En el caso del Congreso, el monto representa un incremento aproximado de 94 millones de pesos respecto a 2026. Gaona explicó que parte de esos recursos se destinaría a resolver las demandas laborales y cubrir las liquidaciones del personal que concluya sus funciones con el cambio de Legislatura.
Sin embargo, advirtió que la próxima Legislatura podría enfrentar restricciones presupuestales, debido a que a partir del 15 de septiembre de 2027 comenzará a aplicarse el límite de gasto del 0.70% establecido en el llamado Plan B.
Según su distribución, la actual Legislatura dispondría de 1,074 millones de pesos entre enero y mediados de septiembre, mientras que la siguiente ejercería 229 millones durante el resto del año.
“Yo creo que sí va a tener un problema presupuestal. Ya lo había comentado desde hace tiempo por el tema del capítulo 1000, donde hay mucho personal. Creo que sí van a tener que ser muy cuidadosos en el manejo de los recursos”.
Ante este escenario, adelantó que la Junta de Coordinación Política propondrá una comisión integrada por representantes de los grupos parlamentarios para buscar acuerdos en la totalidad de los juicios pendientes.
Gaona también advirtió que quienes no lleguen a un acuerdo durante 2027 podrían enfrentar mayores dificultades para cobrar posteriormente, debido a las restricciones que prevé para el presupuesto de 2028.
“Quienes no quieran acordar y quieran pensar en alargar esto, como normalmente se ha hecho, en 2028 seguramente ya no va a haber dinero para pagar este tipo de cargas por temas laborales”.
El legislador consideró necesario retomar la discusión sobre el servicio civil de carrera para evitar que los cambios de diputados sigan generando nuevos conflictos laborales, pero explicó que el tema permanece pendiente por falta de acuerdos entre los grupos parlamentarios.
