Por Arturo Molina
Morelia, Mich., a 10 de enero del 2025.- El Congreso del Estado de Michoacán atraviesa una compleja situación financiera derivada de los laudos heredados por la 64 Legislatura. En total, suman más de 170 demandas por despido injustificado, incumplimiento de contrato y otras irregularidades laborales, acumuladas en los últimos años.
Juan Antonio Magaña de la Mora, presidente de la Mesa Directiva del Congreso, advirtió que algunas de estas demandas alcanzan montos de hasta 600 mil pesos por concepto de indemnizaciones y pagos pendientes. Esta situación pone en riesgo la estabilidad presupuestaria del órgano legislativo.
Aunque la actual legislatura ha heredado solo cuatro laudos hasta el momento, Magaña de la Mora no descarta que esta cifra aumente conforme se resuelvan los procesos legales en curso. “Es un problema que nos obliga a buscar mecanismos legales y financieros para afrontar estos compromisos sin comprometer nuestras funciones legislativas”, señaló.
El presupuesto del Congreso ya enfrenta restricciones derivadas de las crecientes demandas laborales y la falta de mecanismos preventivos para evitar estos conflictos en el pasado. Según especialistas en derecho laboral, la acumulación de laudos refleja una falta de gestión adecuada en las relaciones laborales y posibles abusos en el manejo de contratos y despidos.
“Este tipo de problemas no solo afecta las finanzas, sino también la credibilidad y operación de una institución clave para el estado”, señaló un analista consultado.
Para enfrentar la crisis, el Congreso analiza opciones como la creación de un fondo de contingencia laboral y la implementación de nuevas políticas internas para garantizar la estabilidad de sus trabajadores y evitar futuros conflictos legales.
Organizaciones de la sociedad civil han pedido al Congreso mayor transparencia en el manejo de los recursos y la publicación de un informe detallado sobre las demandas heredadas y las medidas implementadas para atenderlas.
La acumulación de laudos no solo impacta al Congreso como institución, sino que también pone en evidencia la necesidad de revisar y reformar las prácticas laborales en el sector público de Michoacán.
