Rodrigo Sandoval/PCM Noticias
Morelia, Mich., a 18 de junio del 2026.- El presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, Baltazar Gaona García, acusó a la actual presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, de haber cobrado más de 200 mil pesos del Poder Legislativo sin desempeñar funciones efectivas, por lo que anunció que solicitará a la Contraloría interna investigar el caso y determinar si procede el reintegro de los recursos.
Durante una rueda de prensa, el legislador presentó documentos que, aseguró, acreditan que Quiroz estuvo dada de alta como asesora del diputado independiente Carlos Bautista Tafolla desde septiembre de 2024 hasta junio de 2025.
De acuerdo con la información mostrada por Gaona García, la hoy alcaldesa de Uruapan recibió una percepción bruta de 282 mil 35 pesos durante ese periodo, equivalente a un ingreso neto de 201 mil 501 pesos después de impuestos.
“Queda evidenciado que fue una aviadora que cobró indebidamente aquí en el Congreso, que no prestó servicios aquí en el Congreso”.
El diputado sostuvo que mientras aparecía en la nómina legislativa, Quiroz desempeñaba actividades públicas como presidenta honoraria del DIF Uruapan, cargo que ocupaba durante la administración de su esposo, el entonces alcalde Carlos Manzo.
“Al tener una doble función es evidente que era una aviadora, porque una persona no se puede dividir en dos”.
Por ello, adelantó que presentará un oficio ante la Contraloría del Congreso para que se investigue el caso y se determine si existió alguna irregularidad administrativa.
“Vamos a solicitar que investiguen esta doble función y que se determine lo conducente. Si cobró recursos que no devengó, deberá reintegrarlos”.
Gaona García explicó que, a su juicio, la función de asesora legislativa requería dedicación a actividades relacionadas con el Congreso del Estado, por lo que consideró incompatible que simultáneamente desarrollara responsabilidades públicas permanentes en Uruapan.
No obstante, indicó que será la Contraloría interna del Congreso la instancia encargada de analizar el caso y definir si existió alguna falta administrativa o la obligación de devolver recursos.
