Morelia, Mich., a 2 de noviembre de 2025. – Organizaciones empresariales y sociales de diversas partes del país emitieron un enérgico comunicado condenando el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, ocurrido el pasado 1 de noviembre durante un evento público.
Los firmantes expresaron su profunda consternación y extendieron sus condolencias a la familia del alcalde, recordando que Manzo había solicitado reiteradamente apoyo al Gobierno Federal para enfrentar a los grupos criminales que operan en su municipio.
Deterioro de la Seguridad y Crímenes Impunes
El pronunciamiento subraya que la violencia que aqueja a Michoacán mantiene a los ciudadanos en un estado de temor constante. A esta tragedia se suma el asesinato de Bernardo Bravo, Presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, ocurrido el 19 de octubre, lo que evidencia el “grave deterioro de la seguridad en la región”.
Las organizaciones fueron críticas con las recientes mesas de seguridad federales y estatales realizadas en Apatzingán, señalando que estas excluyeron a sectores fundamentales como el productivo, académico, religioso, la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, y a los propios alcaldes que enfrentan la violencia directamente.
Demandas de Acción Inmediata y Reunión Urgente
Ante este panorama alarmante, los líderes empresariales y sociales demandaron acciones inmediatas y contundentes, exigiendo al Gobierno Federal y al del Estado de Michoacán asumir su responsabilidad directa en la recuperación de la seguridad y evitar que la población civil siga en riesgo.
Como medida prioritaria, el sector demandó una reunión inmediata con:
El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (Omar García Harfuch).
El Gobernador del Estado (Alfredo Ramírez Bedolla).
El Gabinete de Seguridad estatal.
El objetivo de este encuentro es “conocer qué acciones se están implementando, cuáles son los resultados esperados y qué estrategias se aplicarán para garantizar la seguridad en la región”.
Los firmantes concluyeron que el avance de la criminalidad no solo amenaza la integridad de las personas, sino que frena el crecimiento económico, debilita las instituciones y profundiza la desconfianza social, reiterando el llamado a trabajar unidos —Estado y sociedad— para reconstruir el tejido social y alcanzar la paz y la estabilidad.
