Morelia, Mich., a 19 de noviembre del 2026.- La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, diputada Giulianna Bugarini Torres, envió un oficio al secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Dr. Luis Armando González Placencia, para exponer los antecedentes jurídicos y legislativos del proceso de renovación de la persona titular de la Rectoría de la Benemérita y Centenaria Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) para el periodo 2027-2031.
El documento, fechado el 18 de noviembre de 2026, sostiene que la autonomía universitaria es una garantía fundamental reconocida en el artículo 3°, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 143 de la Constitución Política del Estado de Michoacán, y que la defensa de dicha garantía implica que las decisiones que incidan en la organización universitaria se desarrollen con apego a la legalidad y certeza jurídica.
I. Antecedentes normativos
El oficio señala que el 8 de marzo de 2025 se publicó el Decreto Legislativo número 163, mediante el cual se expidió la nueva Ley Orgánica de la UMSNH.
Su artículo Cuarto Transitorio estableció un plazo máximo de 190 días hábiles para realizar las adecuaciones normativas, orgánicas y administrativas necesarias para implementar el nuevo régimen universitario. Dicho plazo, según el Congreso, concluyó el 18 de febrero de 2026 sin que se hubiera expedido la reglamentación necesaria para instrumentar el nuevo procedimiento de renovación de la Rectoría.
Ante ello, el 25 de marzo de 2026 el Congreso aprobó un exhorto dirigido a la rectora Yarabí Ávila González, para solicitar información sobre los avances en la conformación de la Comisión Especial para la Elección de Rector o Rectora y la expedición de los reglamentos correspondientes.
Posteriormente, el 23 de septiembre de 2026 se presentó ante el Congreso una iniciativa ciudadana, respaldada por 4,301 firmas, promovida por integrantes de la comunidad nicolaita, que propuso modificar disposiciones transitorias del Decreto 163 y establecer un mecanismo excepcional para la renovación de la Rectoría correspondiente al periodo 2027-2031. La iniciativa fue turnada a las comisiones legislativas competentes para su análisis y dictaminación.
II.La incertidumbre jurídica en la renovación
De acuerdo con el documento, el 2 de noviembre de 2026, más de ocho meses después del vencimiento del plazo establecido en la Ley Orgánica, el Consejo Universitario aprobó el Reglamento de la Comisión Especial para la Elección de Rector o Rector.
Sin embargo, su segundo artículo transitorio estableció que la elección definitiva se realizaría hasta el 10 de noviembre de 2027, aproximadamente más de diez meses después de la conclusión del periodo rectoral vigente, prevista para el 8 de enero de 2027.
Desde la perspectiva jurídica del Poder Legislativo, señala el oficio, la prolongación del mandato de la actual administración planteó interrogantes que debían ser atendidas para evitar un escenario de incertidumbre institucional.
III. La reforma legislativa y sus alcances
En ese contexto, el 3 de noviembre de 2026 el Congreso del Estado aprobó, con 32 votos a favor, tres en contra y una abstención, la reforma a los artículos Cuarto y Quinto Transitorios del Decreto 163, mediante el Decreto Legislativo número 550, publicado en el Periódico Oficial el 4 de noviembre de 2026.
La modificación estableció un mecanismo excepcional para la renovación de la Rectoría durante el periodo 2027-2031, mediante la reactivación de la figura de la Comisión de Rectoría, integrada por ocho personas vinculadas con la trayectoria y la vida universitaria:
• Cinco exrectores
• El decano de directores
• El decano de profesores en activo
• Un estudiante integrante del Consejo Universitario con el promedio más alto del ciclo escolar anterior
Asimismo, se establecieron reglas específicas para su integración y funcionamiento, así como la obligación de garantizar la participación de la comunidad universitaria en el proceso, conforme al artículo Sexto Transitorio del propio decreto y al artículo 143 de la Constitución Política del Estado.
El Congreso afirma que no designó directamente a la persona que ocupará la Rectoría, ni asumió la conducción material del procedimiento de selección, ni se reservó facultad alguna para determinar su resultado. Su intervención, indica, se circunscribió al ejercicio de la función legislativa, mediante la modificación de disposiciones transitorias para establecer un mecanismo específico de renovación ante circunstancias extraordinarias.
También precisa que la integración prevista para la Comisión de Rectoría responde a criterios vinculados con la trayectoria y pertenencia a la comunidad universitaria, sin incorporar representantes del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo en su composición.
La modificación, añade, no pretende sustituir de manera permanente el modelo de renovación previsto en la Ley Orgánica expedida en marzo de 2025. Su aplicación es excepcional y se limita al periodo 2027-2031. Para el proceso correspondiente al periodo 2031-2035 y los subsecuentes, se conserva la previsión de aplicar el modelo establecido en la legislación universitaria vigente.
IV. Facultad legislativa y límites de la autonomía
Desde la perspectiva del Congreso, la competencia reconocida en el artículo 44, fracción I, de la Constitución Política del Estado faculta al Congreso para expedir, reformar, derogar y abrogar leyes y decretos, incluidas las disposiciones transitorias que forman parte de los ordenamientos jurídicos.
No obstante, el documento reconoce que el ejercicio de dicha atribución debe desarrollarse en armonía con las garantías constitucionales de autonomía universitaria, particularmente las relativas al autogobierno, la libertad académica y la capacidad de las universidades para organizar su vida institucional.
En ese sentido, señala que la facultad legislativa no puede entenderse como una autorización para sustituir a los órganos de gobierno universitario ni para asumir decisiones que corresponden a la propia Universidad.
Asimismo, reconoce la relevancia de lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley General de Educación Superior, que establece exigencias específicas de consulta previa, libre e informada de la comunidad universitaria a los órganos de gobierno competentes, así como de respuesta explícita de su máximo órgano de gobierno colegiado, respecto a las iniciativas o reformas relacionadas con las leyes orgánicas de las universidades autónomas.
Por ello, indica que la valoración integral del procedimiento legislativo debe considerar las constancias de participación universitaria, los antecedentes ciudadanos y parlamentarios y las actuaciones de los órganos universitarios competentes.
V. Situación institucional actual
En relación con la instrumentación del Decreto 550, el oficio informa que el 14 de noviembre de 2026 se conformó e instaló la Comisión de Rectoría prevista en dicho ordenamiento, dentro del plazo establecido para tal efecto.
Por su parte, el Consejo Universitario aprobó una convocatoria para que, a través de una Comisión Especial, se desarrollara un procedimiento para la renovación de la Rectoría. En ejercicio de las determinaciones adoptadas por las propias autoridades universitarias, la Comisión Especial, a la fecha, no ha sido conformada ni instalada.
El Congreso señala que la existencia de ambas actuaciones refleja la relevancia institucional del proceso de sucesión rectoral y la necesidad de que su desarrollo cuente con la mayor certeza jurídica, legitimidad y respaldo de la comunidad universitaria.
Finalmente, reitera su respeto a la UMSNH y su disposición para contribuir a que el proceso se desarrolle en un ambiente de entendimiento y respeto, privilegiando la estabilidad de la Universidad, su comunidad y la continuidad de su labor en favor de la educación superior.
Para tal efecto, pone a disposición de la ANUIES el Decreto Legislativo número 163, el exhorto aprobado el 25 de marzo de 2026, la iniciativa ciudadana presentada el 23 de septiembre, el dictamen legislativo y el Decreto Legislativo número 550, así como las comunicaciones y constancias institucionales relacionadas con la integración de la Comisión de Rectoría.
El documento está firmado por la diputada Giulianna Bugarini Torres, presidenta de la Junta de Coordinación Política de la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































